A).- El TJUE tiene claro que el plazo de prescripción de la acción que puede ejercitar el consumidor para obtener la restitución de las cantidades pagadas indebidamente en concepto de gastos hipotecarios no puede iniciarse antes de que el consumidor tenga conocimiento de los hechos determinantes del carácter abusivo de la cláusula contractual con arreglo a la cual se efectuaron esos pagos.
Y no basta con que el
consumidor debe conozca los hechos
determinantes del carácter abusivo de una cláusula contractual, sin tener en
cuenta, por un lado, si conoce los derechos
que le confiere la Directiva 93/13 ni, por otro lado, si tiene tiempo suficiente para preparar e
interponer efectivamente un recurso con el fin de invocar esos derechos.
*** Por ello la Directiva se
opone a una interpretación jurisprudencial del Derecho nacional según la cual,
a raíz de la anulación de una cláusula contractual abusiva por la que se
imponen al consumidor los gastos de formalización de un contrato de préstamo
hipotecario, la acción restitutoria relativa a tales gastos está sujeta a un plazo
de prescripción a contar desde que la referida cláusula agota sus efectos con
la realización del último pago de dichos gastos, sin que se considere
pertinente a estos efectos que ese consumidor conozca la valoración jurídica de
esos hechos. La compatibilidad de las normas por las que se rige un plazo de
prescripción con las citadas disposiciones debe apreciarse teniendo en cuenta
el conjunto de esas normas.
B).- Por otro lado el TJUE
insiste en que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al
profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel
de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas
de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de estas
(sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C‑26/13,
EU:C:2014:282, apartado 39 y jurisprudencia citada).
Y por lo que se refiere a la
información de que dispone el profesional, este sigue teniendo una posición
preponderante después de la celebración del contrato. Así, cuando existe una
jurisprudencia nacional consolidada en la que se ha reconocido el carácter
abusivo de determinadas cláusulas tipo, cabe esperar que las entidades
bancarias la conozcan y actúen en consecuencia (véase, en este sentido, la
sentencia de 13 de julio de 2023, CAJASUR Banco, C‑35/22, EU:C:2023:569,
apartado 32).
En
cambio, no cabe presumir que la información de que dispone el consumidor, menor
que la del profesional, incluya el conocimiento de la jurisprudencia nacional
en materia de derechos de los consumidores, por más que dicha jurisprudencia
esté consolidada.
A este respecto, conviene
recordar que del tenor del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 se
desprende que la protección otorgada por esta Directiva depende del propósito
con el que la persona física actúa, a saber, un propósito ajeno a su actividad
profesional. Pues bien, aunque pueda exigirse a los profesionales que se
mantengan informados de los aspectos jurídicos relativos a las cláusulas que
incluyen unilateralmente en los contratos que celebran con los consumidores en
el ejercicio de una actividad comercial ordinaria, en particular por lo que se
refiere a la jurisprudencia nacional relativa a tales cláusulas, no cabe esperar una actitud similar de
estos últimos, habida cuenta del carácter ocasional, o incluso excepcional, de
la celebración de un contrato que contenga una cláusula de este tipo.
*** Por cuanto antecede,
procede responder a la segunda parte de la primera cuestión prejudicial que la
Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación jurisprudencial del Derecho nacional
según la cual, para determinar el inicio del cómputo del plazo de prescripción
de la acción que puede ejercitar el consumidor para obtener la restitución de
las cantidades pagadas indebidamente con arreglo a una cláusula contractual
abusiva, puede considerarse que la existencia de una jurisprudencia nacional
consolidada sobre la nulidad de cláusulas similares constituye una prueba de
que se cumple el requisito relativo al conocimiento, por el consumidor de que
se trate, del carácter abusivo de esa cláusula y de las consecuencias jurídicas
que se derivan de ella.
En la práctica todo ello
supone una ampliación de los plazos de prescripción en cuanto a la acción
restitutoria que deberá determinarse caso a caso.
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